Uribismo y Cambio Radical ponen en jaque a la JEP

Escrito por Jueves, 28 Septiembre 2017 10:35;

El Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira denunció la existencia de varios “micos” en la ley que reglamenta la llamada Justicia Especial de Paz y el Partido Cambio Radical notificó que no votará la iniciativa por considerar que “premia de manera significativa y desequilibrada a los miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc”, criterio similar al que ha sostenido el partido Centro Democrático del expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez, que, además, anunció que promoverá un referendo para “tumbar” la Jurisdicción Especial para la Paz.

Según el fiscal Martínez Neira, los “micos” no estuvieron en el proyecto original ni en la ponencia y al parecer fueron colgados en su tránsito entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Comisión Primera del Senado.

Destacó entre los “micos” el referendo al juzgamiento de los máximos responsables de delitos graves, con la lista de reinsertados de las Farc y el planteamiento de suspensión condicional de la pena.

De paso, el fiscal denunció que las bandas criminales están ofreciendo hasta 8 millones de pesos a los exguerrilleros para que se incorporen a las nuevas agrupaciones que están creando, entre las que citó una denominada “guerrillas unidas del Pacífico” que, dijo, ya tiene más de 120 hombres y otra llamada la “banda del guacho”, del cual forman parte 60 sujetos.

“Si el Gobierno no tiene sino un millón de pesitos para los cultivadores por mes y las organizaciones criminales les están pagando 8 millones de pesos, tenemos que persuadirlos por el imperio de la ley y del Estado, de que si se van a allá, no les vamos a borrar su pasado y tendrán que vérselas con la ley”, precisó.

Entre tanto, el partido Cambio Radical en un comunicado señaló que no apoyará la iniciativa con su voto porque favorece significatiamente a los exguerilleros y adicionalmente notificó: “Las dudas sobre la idoneidad de todo lo relacionado con la JEP también nos hacen rechazar, de manera categórica, la composición del tribunal de paz”.

Al efecto explica que la mayoría de los magistrados recién nombrados “tienen una clara tendencia política que, de entrada, no generan ninguna clase de garantías para la sociedad civil por el claro prejuzgamiento que tienen sobre las acciones ocurridas en relación con el conflicto armado interno”.

Los pronunciamientos se produjeron a propósito del primer debate a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, componente principal del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), acordado con las Farc.

Según Cambio Radical la JEP no puede convertirse en una herramienta para vincular a terceros que no han hecho parte de los grupos armados al margen de la ley, y que es su deber, como partido político, “proteger a todos los sectores productivos y en particular a los ciudadanos que han invertido en el campo colombiano y fueron víctimas del conflicto, que hoy pueden ser revictimizados por un tribunal que no les ofrecerá garantías jurídicas suficientes”.

La bancada del opositor partido Centro Democrático reiteró su posición en sendas intervenciones de sus congresistas, comenzando por el expresidente Uribe Vélez quien afirmó:

“Desconocieron el resultado del plebiscito, sustituyeron la Constitución, diseñaron una justicia en la medida de la impunidad para las Farc y tienen una gran cantidad de magistrados que han demostrado sesgos, que no son garantía de imparcialidad, que en su vida política o anterior han condenado injustamente a personas”.

A su turno, la senadora y precandidata presidencial, María del Rosario Guerra, afirmó que no se puede reconocer la elección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y que por el contrario lo que hay que hacer es acabar con esa justicia especial.

“Se han elegido unos magistrados afectos a la izquierda y a las Farc”, dijo y detalló: “magistrados del (Colectivo de Abogados) Alvear Restrepo; magistrados defensores de derechos humanos que claramente han defendido a las Farc, que han atacado a los militares colombianos, que tienen como propósito perseguir a Álvaro Uribe Vélez y a la oposición que representamos en el Centro Democrático. Lo que quieren es llevar (ante la JEP) a los militares y a los civiles que de una u otra manera han tenido que confrontar a las Farc. Por eso no la podemos reconocer ni aceptar, tenemos que acabar con esa Justicia Especial para la Paz”.

Maria del Rosario consideró que lo que hay que hacer es fortalecer la justicia colombiana para que sea operante y se respete la Constitución y la Ley.

“Lo que no podemos aceptar —claramente—, es que las Farc vayan directo al Congreso, no paguen un solo día de cárcel, fuera de eso no sean extraditados por sus actividades de narcotráfico y se pavoneen por todo el país sin una mínima vergüenza; pero por el otro lado los que hacemos la oposición vamos a terminar —civiles, empresarios, militares, ciudadanos que respetamos la Constitución y la Ley—, muy seguramente juzgados por una justicia politizada y sesgada hacía las Farc”, indicó.

El senador también de Centro Democrático Alfredo Rangel señaló que la JEP es una jurisdicción paralela a la institucionalidad democrática, autónoma, que no tendrá ningún tipo de control; una jurisdicción sin límite, “eterna y sin controles como Dios”.

Además detalló aspecto que, según el Congresista, “se le escaparon al señor Fiscal, pese a haber dado cuenta de las falencias y de los abusos de la reglamentación”.

Al respecto precisó: No habrá ningún tipo de garantía para las víctimas porque no pueden apelar. Sólo pueden apelar las decisiones de la JEP, los victimarios y los verdugos.

-Se mantiene la habilitación para participar en política para todos los procesados por la JEP sin importar el cumplimiento de las condiciones del Sistema (verdad, reparación, etc). La conexidad del narcotráfico con el delito político para fines de amnistía se puede extender a personas que no se reconozcan como ‘rebeldes’”. Los ‘lavaperros’, los ‘traquetos’, los jefes de cualquier banda que hayan hecho negocios de narcotráfico con las Farc, que no se reconozcan como rebeldes, puede ser amnistiados.

-Los familiares de miembros de las Farc podrán, en la práctica, mantener propiedad sobre sus bienes pues el Estado es quien debe demostrar su adquisición ilegal”. Rangel señala que se invierte la carga de la prueba, que es lo contrario a lo que existe en la ley colombiana para este tipo de delitos.

-Los agentes del Estado que no aporten verdad o no reparen a sus víctimas pueden perder el beneficio de la renuncia a la persecución penal. Los amnistiados de las Farc en ningún caso perderán la amnistía.

-Se iguala el que tiene que ver con la responsabilidad de mando, los jefes de las Farc y los jefes de las Fuerzas Militares.

Para redondear, la bancada uribista, anunció que este jueves radicará ante la Registraduría Nacional “el comité promotor para convocar un referendo derogatorio de los Actos legislativos que crean la Justicia Especial para la Paz, que pretenden blindar los acuerdos de la Habana e incorporarlos en la Constitución y el que le otorga participación política a las Farc”.

En el comunicado señala además: “Vamos a recoger 1’783.571 firmas equivalentes al 5% del censo electoral como lo establece el artículo 377 de la Constitucional para que los Colombianos decidamos en un referendo si queremos o no esas reformas constitucionales. Estamos seguros de que solo los Colombianos podremos defender nuestra democracia. La Resistencia civil continúa! Defendamos a Colombia!.

En el debate en comisiones conjuntas de Senado y Cámara, el ministro del Interior Guillermo Rivera capoteó la cascada de críticas y denuncias.

En referencia a lo dicho por el fiscal Néstor Humberto Martínez, afirmó que “fueron muchas las horas que le dedicamos a trabajar con el Fiscal en el texto de la ponencia”, teniendo en cuenta la importancia de contar con sus observaciones en el proyecto de ley.

“El fiscal, desde la propia discusión del acto legislativo, ha venido reclamando una clara delimitación de competencias entre justicia ordinaria y la JEP. Lo que hay que evitar es que existan zonas grises en materia de competencias. Que esté claro qué le corresponde a la JEP y qué a la justicia ordinaria”, afirmó el ministro, quien explicó que la misma fue creada en el acto legislativo “para conocer de aquellos asuntos relacionados con el conflicto armado”.

Añadió que para exintegrantes de las Farc que están en los listados, entregados por esa organización y verificados por el Gobierno, la competencia de sus conductas serán de la JEP, mientras que las de todos los demás, reincidentes, disidentes o desertores, entre otros, corresponderán a la justicia ordinaria, al igual que el delito de concierto para delinquir.

Dijo que la JEP tendrá competencia frente a agentes del Estado, cuyas conductas punibles estén relacionadas con el conflicto armado, al igual que las de los terceros, que son aquellos que hayan participado de manera determinante en la comisión de conductas punibles tipificadas en el Derecho Internacional Humanitario, DIH.

Rivera negó categóricamente que “la JEP fue creada para una especie de persecución frente a terceros o frente a empresarios. Lo que estamos cumpliendo es con aquello que se comprometió el Estado cuando suscribió tratados internacionales”.

El ministro explicó las diferencias entre el Tribunal para la Paz que se creó para dar seguridad jurídica, la Sala de Reconocimiento para dar verdad y otorgar beneficios, así como las resoluciones de la sala de definición y la sala de amnistías e indultos, entre otras.

“Nos ha reclamado el fiscal que no le pongamos tanto tiempo a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para recibir informes, no vale la pena que un sistema que quiere otorgar seguridad jurídica se tome mucho tiempo”, añadió el ministro.

El jefe de la cartera política explicó que hay diferentes escalas del régimen de sanciones, como las propias y ordinarias. Estas últimas son las que corresponden a quienes incumplen y será “la JEP la que valorará cuáles conductas son una violación o incumplimiento al sistema”.

Se refirió a la importancia de la verdad como “un relato de los hechos de quienes acceden al sistema” y reiteró que la centralidad del acuerdo y de este sistema son las víctimas del conflicto. Anticipó que, una vez aprobada la ley estatutaria, se presentará un proyecto de ley de procedimiento, elaborado por los magistrados de la JEP, en el que se definirá, con exactitud, la forma y el momento en el que éstas participarán.

Por último, invitó al Fiscal y a los congresistas a seguir estudiando fórmulas que enriquezcan esta iniciativa, con el fin de garantizarles a los colombianos “que esta ley estatutaria desarrolle lo consignado en el acto legislativo y en el acuerdo de paz y lo que esperan las víctimas en cuanto a satisfacción de sus derechos”.


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